BIENESTAR COMUNITARIO Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Por Panal Medios
Red de medios alternativos y comunitarios
Febrero, 2026
En los barrios, veredas y municipios de Colombia, la falta de recursos no suele ser una cifra abstracta: se traduce en obras aplazadas, programas sociales recortados y necesidades comunitarias que esperan respuesta. En este contexto, la reciente decisión de Findeter de adicionar $2 billones de pesos a dos de sus líneas de crédito estratégicas representa una oportunidad para que los territorios respiren, fortalezcan su autonomía y orienten recursos hacia el cuidado de la vida, el ambiente y el bienestar colectivo.
El anuncio, realizado el 4 de febrero de 2025, se inscribe en los esfuerzos del Estado por acompañar a los gobiernos locales en la sostenibilidad fiscal y en la transición energética justa, dos dimensiones profundamente conectadas con las condiciones de vida de las comunidades. Desde Panal Medios, entendemos que hablar de finanzas públicas es también hablar de escuelas, centros de salud, acueductos comunitarios, cultura, empleo local y protección de los territorios.
Aliviar la deuda para fortalecer lo común
Uno de los componentes centrales de esta medida es la ampliación de la línea de Fortalecimiento Institucional, que ahora cuenta con $2,2 billones para apoyar el reperfilamiento de la deuda de municipios y departamentos. La mayor parte de estos recursos está dirigida a territorios de categorías 2 a 6, donde se concentran muchas de las comunidades que históricamente han enfrentado mayores desigualdades y limitaciones presupuestales.
Cuando un municipio destina gran parte de sus ingresos al pago de intereses, se reduce su capacidad para invertir en procesos comunitarios, infraestructura social y programas de atención a poblaciones vulnerables. Por ello, las condiciones ofrecidas por esta línea —tasas compensadas, plazos amplios y periodos de gracia— permiten liberar recursos públicos que pueden volver a circular en la economía local y en proyectos construidos con la gente.
Más de 185 municipios ya han hecho uso de esta herramienta, con impactos concretos. En Popayán, la reorganización de su deuda abrió espacio para fortalecer la inversión social. En Astrea, Cesar, los ahorros logrados permitieron redirigir recursos hacia iniciativas comunitarias. En Victoria, Caldas, el refinanciamiento liberó fondos del Sistema General de Participaciones que ahora pueden destinarse a obras y procesos colectivos. Son ejemplos que muestran cómo una gestión financiera responsable puede convertirse en una apuesta por el bienestar común.
Transición energética desde los territorios y para las comunidades
El segundo billón de pesos se destinó a la línea de Compromiso Eficiencia Energética y Conectividad Virtual, que alcanza ahora una disponibilidad de $3,3 billones. Esta línea financia proyectos de energías renovables, eficiencia energética, reconversión tecnológica y reducción de emisiones, aspectos fundamentales para enfrentar la crisis climática que ya afecta de manera directa a comunidades rurales y urbanas.
Desde una mirada comunitaria, la transición energética no puede ser solo un cambio de fuentes de energía: debe ser un proceso que genere empleo local, fortalezca capacidades territoriales y promueva formas de producción más solidarias y sostenibles. Proyectos como la sustitución de combustibles contaminantes, la digitalización energética o el uso de tecnologías limpias pueden mejorar la calidad de vida, reducir costos para las comunidades y proteger los ecosistemas.
Si bien hasta ahora estos recursos se han canalizado principalmente hacia el sector privado, existe el reto y la oportunidad de ampliar su alcance hacia iniciativas públicas, comunitarias y asociativas que también aportan a la soberanía energética y al cuidado del territorio.
Finanzas públicas con rostro humano
Para Findeter, esta adición de recursos responde a las necesidades expresadas por alcaldes, gobernadores y sectores productivos. Desde Panal Medios, subrayamos la importancia de que estos recursos se gestionen con transparencia, participación y control social, garantizando que los beneficios lleguen efectivamente a las comunidades y se traduzcan en mejoras reales en la vida cotidiana.
La financiación para el desarrollo, cuando se orienta desde y para los territorios, se convierte en una herramienta para fortalecer la organización comunitaria, reducir brechas y construir futuros más justos. Los $2 billones adicionales anunciados por Findeter no son solo una inversión financiera: son una posibilidad para que los territorios decidan, de manera colectiva, cómo cuidar la vida, el ambiente y lo común.
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ESCUELAS QUE VUELVEN A LATIR EN EL CATATUMBO
Inversión pública para fortalecer la educación rural y la vida comunitaria
Por Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Febrero, 2026
En las montañas y caminos del Catatumbo, donde la escuela suele ser más que un edificio y se convierte en punto de encuentro, refugio y esperanza, la mejora de la infraestructura educativa tiene un significado profundo. No se trata solo de paredes nuevas o techos reparados, sino de condiciones dignas para aprender, enseñar y convivir, especialmente en territorios rurales que durante décadas han vivido el abandono estatal, el conflicto armado y profundas brechas sociales.
Con una inversión superior a $1.800 millones, el Ministerio de Educación Nacional, en articulación con Findeter, entregó proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa en zonas rurales de los municipios de Teorama, Hacarí y San Calixto, en el departamento de Norte de Santander. Estas obras benefician directamente a más de 70 niñas, niños y jóvenes, así como a docentes, familias y comunidades campesinas que sostienen la escuela como uno de los pocos espacios públicos permanentes en el territorio.
La escuela rural como corazón de la comunidad
En muchos corregimientos y veredas del Catatumbo, la escuela no solo cumple una función pedagógica. Allí se realizan reuniones comunitarias, encuentros culturales, jornadas de cuidado colectivo y procesos organizativos. Por eso, invertir en su mejoramiento es también invertir en tejido social, arraigo territorial y construcción de paz desde lo cotidiano.
La inversión total fue de $1.839 millones y contempló obras integrales que incluyeron adecuación de aulas, cubiertas, cocinas y comedores escolares, baterías sanitarias, zonas exteriores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como dotación básica de mobiliario. Estas mejoras impactan directamente la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa, especialmente en contextos rurales donde el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado.
Teorama: dignidad educativa en la ruralidad
En el municipio de Teorama, se entregaron las obras de la Institución Educativa – Sede Pulpitos, ubicada en zona rural. Aunque el número de estudiantes beneficiados es reducido —cinco niñas y niños—, la inversión cercana a los $279 millones, ejecutada entre julio y diciembre de 2025, demuestra que la educación rural no puede medirse solo en cifras, sino en el derecho de cada estudiante a aprender en condiciones dignas.
Para las familias campesinas de la zona, contar con una escuela adecuada significa reducir riesgos, fortalecer la permanencia escolar y reafirmar el compromiso de la comunidad con la educación como camino para el buen vivir y la permanencia en el territorio.
Hacarí: dos sedes, múltiples impactos
En Hacarí, la inversión se materializó en dos proyectos que fortalecen la infraestructura educativa rural. En la Institución Educativa – Sede El Cerro, las obras beneficiaron a 13 estudiantes, con una inversión cercana a los $680 millones. Por su parte, en la Institución Educativa El Valle, 17 estudiantes cuentan ahora con espacios mejorados gracias a una inversión aproximada de $410 millones.
Estas sedes, ubicadas en zonas rurales de difícil acceso, representan un esfuerzo por cerrar brechas históricas entre la educación urbana y la rural. Las mejoras en aulas, servicios sanitarios y espacios comunes no solo elevan la calidad del aprendizaje, sino que también dignifican la labor docente y fortalecen la relación entre escuela y comunidad.
San Calixto: aprender en condiciones dignas
En el municipio de San Calixto, se entregó el proyecto de la Institución Educativa Quebrada Azul, que beneficia a 36 estudiantes de zona rural, con una inversión cercana a los $470 millones. Para esta comunidad, la renovación de la escuela significa mejores condiciones de salubridad, mayor seguridad estructural y espacios adecuados para la alimentación escolar y la convivencia.
En territorios como San Calixto, donde la escuela ha resistido al abandono y a la violencia, estas obras representan un mensaje claro: la educación rural importa y merece atención prioritaria.
Educación rural, territorio y futuro
Desde Panal Medios reconocemos que estas inversiones se inscriben en el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento de la infraestructura educativa rural en el Catatumbo. Sin embargo, también insistimos en que el verdadero impacto de estas obras dependerá de su apropiación comunitaria, del mantenimiento continuo y de políticas integrales que garanticen transporte escolar, alimentación digna, conectividad y condiciones laborales justas para docentes rurales.
Invertir en escuelas rurales es apostar por la permanencia de las comunidades campesinas en sus territorios, por la protección de los saberes locales y por la construcción de paz desde la base social. Cada aula renovada es una posibilidad para que niñas y niños del Catatumbo sueñen, aprendan y construyan futuro sin tener que abandonar su tierra.
La educación, cuando se piensa desde lo comunitario, no es solo un servicio: es un derecho, un lazo colectivo y una semilla de transformación territorial.
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CUANDO LA ESCUELA SE CUIDA, EL TERRITORIO FLORECE
"Comunidades del Chocó recuperan sus espacios educativos"
Panal Medios
Red de Comunicación Alternativa y Comunitaria
Febrero, 2026
En el Chocó, la escuela no es solo un lugar para aprender a leer y escribir. Es punto de encuentro, refugio frente a la lluvia, espacio de palabra y memoria, y, muchas veces, el corazón mismo de la comunidad. Por eso, cuando una escuela se cae a pedazos, no solo se deterioran las paredes: se resiente la esperanza colectiva. En contraste, cuando una institución educativa se fortalece, el territorio respira y la vida comunitaria encuentra nuevos caminos para florecer.
Más de 1.100 niñas, niños y jóvenes de los municipios de Bajo Baudó y Quibdó hoy vuelven a sus clases en espacios renovados, más seguros y dignos, luego de la entrega de obras de mejoramiento en cuatro sedes educativas del departamento. Estas intervenciones, realizadas con una inversión cercana a los $981 millones, llegan a zonas urbanas y rurales donde la educación ha resistido históricamente en medio del abandono, la precariedad y las difíciles condiciones climáticas.
Para muchas familias, madres comunitarias, docentes y liderazgos locales, estas obras significan algo muy concreto: aulas que ya no se inundan cuando llueve, techos que no filtran agua, baños que funcionan y comedores escolares donde la alimentación puede brindarse con mayor cuidado. Son cambios que, aunque puedan parecer pequeños desde afuera, transforman profundamente la cotidianidad de quienes habitan y sostienen la escuela día a día.
Bajo Baudó: escuelas que sostienen la vida comunitaria
En el municipio de Bajo Baudó (Pizarro), las obras se realizaron en tres sedes educativas fundamentales para la vida del territorio: la Institución Educativa Indígena Embera de Pizarro – sede principal, la Institución Educativa Francisco Pizarro – sede principal y la sede María Isabel Mosquera. En conjunto, estas intervenciones benefician a 987 estudiantes, en su mayoría niñas y niños pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Las mejoras incluyeron la adecuación interior y exterior de las aulas, la reposición de cubiertas con canales y bajantes —una necesidad urgente en una región donde la lluvia acompaña casi todo el año—, el arreglo de pisos, la renovación de baterías sanitarias y la instalación de puertas y ventanas. También se modernizaron las redes eléctricas y los sistemas de iluminación, logrando que varios bloques quedaran completamente habilitados.
Para las comunidades, estas obras no solo representan infraestructura nueva, sino la posibilidad de enseñar y aprender con mayor tranquilidad. “La escuela es donde se reúne la comunidad, donde se hacen reuniones, mingas y celebraciones”, comentan líderes locales, quienes reconocen que contar con espacios adecuados fortalece el tejido social y reafirma el sentido de pertenencia territorial.
Tagachí: aprender del campo y para el territorio
En la zona rural de Quibdó, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tagachí también fue intervenida, beneficiando a 193 estudiantes que se forman en saberes ligados a la tierra, la producción de alimentos y el cuidado del entorno. Con una inversión cercana a los $92 millones, se mejoraron las cubiertas con teja termoacústica, se adecuaron aulas, se cambiaron pisos de madera y se fortalecieron las baterías sanitarias y el restaurante escolar.
Para esta comunidad educativa, el mejoramiento del restaurante escolar es especialmente significativo, ya que la alimentación es un pilar fundamental para la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo. Además, al tratarse de una institución técnica agropecuaria, estos espacios fortalecen procesos de formación que dialogan con la soberanía alimentaria y el conocimiento ancestral del territorio.
Educar con dignidad es un derecho, no un privilegio
Desde Panal Medios, red de comunicación alternativa y comunitaria, insistimos en que hablar de infraestructura educativa en el Chocó es hablar de dignidad, justicia territorial y derechos colectivos. Durante años, las comunidades han sostenido las escuelas con esfuerzo propio, autogestión y trabajo comunitario, a pesar de la falta de inversión pública suficiente.
La entrega de estas obras, impulsadas por el Ministerio de Educación Nacional y Findeter, se suma a la necesidad de avanzar hacia procesos más integrales, donde la infraestructura vaya acompañada de dotación, fortalecimiento pedagógico y participación real de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
En un departamento donde educar ha sido también un acto de resistencia, estas escuelas renovadas se convierten en espacios para sembrar futuro, cuidar la vida y fortalecer la organización comunitaria. Porque cuando la escuela se cuida, no solo aprenden las niñas y los niños: se fortalece el territorio y se reafirma la esperanza colectiva.
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DESARROLLO TERRITORIAL EN 2025
Findeter destinó $4,2 billones a municipios históricamente rezagados en el 2025
Panal Medios
Red de Medios Alternativos y Comunitarios
Febrero, 2026
Desde los territorios y para los territorios, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) cerró el año 2025 con desembolsos por $4,2 billones, recursos que permitieron financiar 551 proyectos en 443 municipios de 27 departamentos y Bogotá, con un énfasis claro en las regiones con mayores necesidades sociales y menor capacidad fiscal.
De acuerdo con la información conocida, el 87 % de los municipios beneficiados pertenecen a las categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, territorios históricamente marginados del acceso a financiación estructural y con altos retos en materia de desarrollo social, infraestructura y servicios básicos. Esta orientación se alinea con los sectores priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca cerrar brechas y fortalecer la justicia territorial.
Uno de los ejes más relevantes fue la línea de Vivienda Popular VIS–VIP, a través de la cual se desembolsaron $994.882 millones para la financiación de 4.320 unidades de vivienda en 184 municipios, de los cuales 127 corresponden a categorías con profundas desigualdades sociales. Este componente representa un avance concreto en el derecho a la vivienda digna para miles de familias en zonas urbanas y rurales.
En el marco de la transición energética justa, Findeter destinó $1,43 billones a proyectos de eficiencia energética en 120 municipios, 90 de ellos de categorías 3 a 6. Estos recursos respaldaron iniciativas orientadas a mejorar el acceso, la cobertura y la modernización energética, especialmente en regiones apartadas del país, donde la precariedad del servicio ha sido una constante.
Otro componente estratégico fue el fortalecimiento institucional, mediante el cual se desembolsaron $613.847 millones para apoyar a 165 entidades territoriales en procesos de saneamiento fiscal, modernización administrativa, fortalecimiento de la gestión pública y cumplimiento de sus planes de desarrollo. Esta línea resulta clave para garantizar gobiernos locales más sólidos y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades comunitarias.
Durante 2025, Findeter también profundizó su trabajo con intermediarios financieros del sector solidario, como cooperativas, cajas de compensación, fondos de empleados y compañías de financiamiento. A través de estos actores se canalizaron $80.817 millones, con impacto en 83 municipios, principalmente en proyectos de desarrollo urbano y del sector minero-energético.
“El alcance de estas cifras demuestra una banca de desarrollo conectada con los desafíos reales del territorio y comprometida con el cierre de brechas en los municipios con mayores necesidades del país”, señaló Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter.
Desde Panal Medios, red de medios alternativos y comunitarios, destacamos la importancia de que estos recursos lleguen efectivamente a los territorios, se traduzcan en mejoras reales para las comunidades y cuenten con seguimiento ciudadano y veeduría social. El fortalecimiento de la infraestructura social, el acceso a vivienda, la eficiencia energética y la gestión institucional son pilares fundamentales para avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, equitativo y con enfoque territorial.
Panal Medios continuará informando desde una mirada comunitaria y popular sobre el impacto real de estas inversiones en la vida cotidiana de las comunidades del país.
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